PUMA ENERGY BAHAMAS, S.A. v. DGI (Panamá)

Summary

La Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, Sala de lo Contencioso Administrativo, conoció una demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la sociedad PUMA ENERGY BAHAMAS, S.A., mediante la cual se solicitó la declaratoria de nulidad por ilegalidad de la Resolución No.201-6265 de 28 de diciembre de 2016 emitida por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, así como de sus actos confirmatorios y modificatorios. Mediante dicho acto administrativo se expidió una liquidación adicional correspondiente a los periodos fiscales 2013 y 2014 por concepto de impuesto sobre la renta y dividendos de sucursal, incluyendo recargos e intereses derivados de la determinación tributaria practicada en una auditoría fiscal. La cuestión jurídica principal analizada por el Tribunal radica en determinar la legalidad de la liquidación adicional emitida por la Administración Tributaria a partir del análisis del régimen de precios de transferencia aplicado a las operaciones realizadas por la empresa con partes relacionadas en el extranjero, así como la valoración de la información financiera presentada por el contribuyente en sus declaraciones y estudios de precios de transferencia. La Administración Tributaria sostuvo que, al revisar la información financiera presentada por la empresa y contrastarla con la declaración jurada de renta, se detectaron discrepancias en los montos reportados en las operaciones con partes relacionadas. En virtud de lo anterior, consideró que el contribuyente no demostró que los precios o montos de dichas operaciones correspondieran a los acordados entre partes independientes en condiciones de libre competencia conforme a lo dispuesto en el artículo 762-A del Código Fiscal. En consecuencia, durante el proceso de auditoría se procedió a conformar un rango de plena competencia con información pública de empresas comparables para determinar si las operaciones del contribuyente se ajustaban al principio de libre competencia. La empresa demandante sostuvo que su actividad comercial se desarrolla en el sector de hidrocarburos y que dicha actividad se encuentra regulada en Panamá mediante el Decreto de Gabinete No.36 de 2003 y las resoluciones emitidas por la Secretaría Nacional de Energía que fijan los precios máximos de venta al público. Alegó que la Administración Tributaria desconoció la existencia del Precio de Paridad de Importación (PPI), el cual constituye un indicador relevante del mercado y del margen de comercialización del sector. Asimismo, manifestó que sus estudios de precios de transferencia consideraban dichas regulaciones y que los márgenes obtenidos se encontraban dentro del rango de empresas comparables. La autoridad decisora analizó el proceso de auditoría realizado por la Dirección General de Ingresos, la información financiera presentada por el contribuyente, los estudios de precios de transferencia y la aplicación del método de precio de reventa utilizado por la empresa. El Tribunal examinó la comparabilidad de las operaciones, la consistencia de la información financiera utilizada y la forma en que se estableció el rango de plena competencia con base en empresas comparables. El alcance de la decisión se circunscribe al examen de legalidad de los actos administrativos impugnados relacionados con la liquidación adicional emitida por la Dirección General de Ingresos respecto de los periodos fiscales 2013 y 2014. El documento analizado menciona expresamente el régimen de precios de transferencia, el principio de libre competencia y la utilización del método de precio de reventa en el análisis efectuado en las operaciones del contribuyente.

Jurisdiction

Country of decision: Panama
Resolution / file: Resolución No. 201-6265 de 28 de diciembre de 2016
Decision-making entity: Judicial Forum

Parties

Litigant type: Pessoa Jurídica
Sector: Extractive sector (oil or gas)
Sub-sector: —

Technical

Nature of transaction Compra de bienes

Involved tax Corporate income tax

Conduct analyzed Precios de transferencia

Legal framework

Treatment actions Not Applicable

Related norms

Artículos 694, 695, 718, 719, 720, 762-A a 762-K, 1238, 1238-A del Código Fiscal Browse cases

Additional details

PUMA adquirió combustibles/inventarios de partes relacionadas en el exterior para su posterior distribución. Los bienes objeto de las operaciones son hidrocarburos/combustibles y su precio de mercado constituye un elemento material de la controversia. La sentencia identifica específicamente la operación controlada como compra de inventario para distribución.

Additional maneuver details

Manipulación de precios de transferencia en las compras, manipulación de datos de los comparables.

Tax authority

La Administración Tributaria detectó ciertas inconsistencias relacionadas con la metodología empleada para la valoración de las operaciones celebradas entre el contribuyente y sus partes relacionadas en el exterior, se destacó que existen diferencias en la clasificación comercial utilizada por el contribuyente se observó que en el periodo 2013, se clasificó como sector comercio, mientras que en el período 2014, se clasificó dentro del sector industrial-energía, se observó que los costos de ventas declarados en los estudios de precios de transferencia 2013 y 2014, no coinciden con la información pública de la empresa, diferencias en los montos de ventas y costos de ventas, que alteran el cálculo del margen bruto, distorsionando el rango de plena competencia. la DGI observó que el contribuyente realizó ajustes contables para deducir de los ingresos de los periodos 2012, 2013 y 2014, ajustes que no explicó en los estudios de precios de transferencia de los periodos en análisis lo cual llevó a la Administración Tributaria al rechazo de comparable, al considerar que existen diferencias en las condiciones de mercado que afectan la rentabilidad de la compañía, aunado a la falta de información que permita realizar ajustes razonablemente exactos a la información financiera utilizada en el cálculo del indicador del nivel de utilidad, es decir que la información financiera de la empresa comparable, no responde a los mismos criterios de comparabilidad que la parte analizada y el resto de las compañías utilizadas para formar el rango intercuartil. Otro argumento de la Administración es que, en los estudios de precios de transferencia presentados por el contribuyente, no se hace alusión alguna al Precio de Paridad de Importación o PPI, recordando que el análisis realizado por el contribuyente y presentado al fisco utilizó como método para comprobar el cumplimiento del principio de libre competencia, el precio de reventa, que se fundamenta, en los márgenes brutos obtenidos por el contribuyente. Llama la atención del fisco, el hecho de que se optase por un método que pondere los márgenes, más que el precio del producto, cuando la parte analizada se dedica exclusivamente a la distribución de productos derivados del, producto que cuenta con un precio de mercado público, y en el caso panameño, existe un precio sugerido para su compra y venta al consumidor. Aunado a lo anterior, el estudio de precios de transferencia 2013, descartó la utilización del método del precio comparable no controlado. La Administración Tributaria destacó que el contribuyente contradice lo expresado en su informe y estudios de precios de transferencia, e intenta llevar el análisis al precio pactado por la transacción de compra de inventario para distribución, agrupando los productos distribuidos, sin hacer discriminación alguna. La DGI destacó que existía en el país un indicador sui generis, en materia de compra de combustible, sin embargo, considero contradictorio que el contribuyente intente utilizar el mismo como referencia, a pesar de haber indicado claramente en sus estudios, que el método del precio comparable no controlado, no era aplicable. Un último elemento importante a destacar, es que el propio contribuyente, en sus estudios de precios de transferencia al justificar la proporción de ingresos por distribución de combustible de las empresas comparables, utiliza los montos de ventas que constan en los reportes 10-K, utilizada por la Administración Tributaria, sin embargo, al momento de llevarlo al cálculo del rango de libre competencia, utiliza otro monto, sin especificar por qué. Así, se encontró que las diferencias obedecieron a ajustes relacionados con la exclusión de los excise taxes y la incorporación de gastos operativos.

Taxpayer

Uno de los principales argumentos sobre los cuales descansan los recursos presentados por el contribuyente, es la existencia del Precio de Paridad de Importación, o PPI, que, a su criterio, refleja de forma clara, el valor de mercado para este sector específico, el cual, como ha sido debidamente acreditado, se encuentra regulado en Panamá. El contribuyente aduce que el margen bruto de la empresa se encuentra dentro de los límites de regulación fijados por la Secretaría de Energía, hecho que soporta el precio de libre competencia fijado entre el mismo y sus partes relacionadas en el extranjero, explicando que el PPI no constituye un elemento nuevo, como pretende hacer ver la DGI, sino más bien una realidad existente en la normativa panameña, dentro del giro ordinario del negocio. En este sentido, amplió que la inclusión del PPI, en los estudios de precios de transferencia no es obligatoria, y si bien, no consiste en un precio de libre competencia, sí es un elemento que debió ser conocido y analizado por la DGI, al formar parte crucial del negocio de la empresa. La defensa del contribuyente se limitó a señalar que las diferencias en la información financiera de las comparables se basan en ajustes realizados por las bases de datos que utilizaron. En relación con los ajustes realizados, el contribuyente se refirió, en primer lugar, a los ajustes de exactitud, reiterando las discrepancias ocasionales que pueden existir entre la información financiera obtenida de las base de datos y la obtenida a través de los informes 10- K, para luego referirse a los ajustes de capital de trabajo, respecto de los cuales explicó que el mismo tiene necesidades de capital de trabajo, definido como cuentas por cobrar más inventario menos cuentas por pagar, que difieren de las necesidades delas compañías comparables, lo cual origina cambios incrementales en el costo de financiamiento del capital de trabajo que pueden afectar los precios, por lo tanto, se realizaron ajustes para minimizar dichas diferencias, específicamente en los términos de compra y venta (cuentas por pagar y cuentas por cobrar), así como a nivel de inventario. Aunado a lo anterior, el contribuyente en su defensa argumenta que se realizaron ajustes a la información financiera de cada compañía comparable para construir un rango de valores de mercado de la rentabilidad bruta obtenida por la parte analizada, que permitió concluir que las empresas eran lo suficientemente comparables en términos de funciones, activos y riesgos, por lo que podrían servir de indicador del valor de mercado de la rentabilidad.