Contribuyente PN v. DGI

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El caso analizado corresponde a una acción de nulidad interpuesta por un contribuyente contra el Estado – Ministerio de Economía y Finanzas, impugnando la denegatoria —expresa y ficta— de certificados de residencia fiscal en Uruguay para los años 2013 y 2014. El actor solicitó dichos certificados con el fin de presentarlos ante la Agencia Tributaria española en el marco del convenio para evitar la doble imposición, alegando que cumplía con los requisitos legales para ser considerado residente fiscal en Uruguay. La cuestión jurídica principal radica en determinar si la negativa de la Administración Tributaria a otorgar el certificado de residencia fiscal correspondiente al año 2014 se ajusta a Derecho, específicamente en relación con la interpretación del criterio de permanencia física en el territorio nacional. El Fisco sostuvo que el actor no cumplía con el requisito de permanencia efectiva en Uruguay por más de 183 días durante el año civil, argumentando que las denominadas “ausencias esporádicas” no podían considerarse como tales cuando se presentan con alta frecuencia o periodicidad. En este sentido, la Administración consideró que la interpretación literal propuesta por el contribuyente desnaturalizaba el espíritu de la norma, la cual exige una permanencia real y efectiva en el país. Por su parte, el contribuyente defendió una interpretación estrictamente literal de la normativa, afirmando que las ausencias inferiores a 30 días debían computarse como esporádicas, independientemente de su frecuencia, lo que permitiría alcanzar el umbral de 183 días exigido por la ley. El órgano decisor, compartiendo la posición de la Administración, adoptó un enfoque teleológico de interpretación normativa, concluyendo que la finalidad de la norma es asegurar una permanencia real en el territorio. En consecuencia, determinó que la reiteración de ausencias impedía calificarlas como esporádicas, ya que estas se transformaban en la regla, desnaturalizando el criterio legal. El Tribunal concluyó que el contribuyente no cumplía con el requisito de permanencia efectiva, dado que solo permaneció físicamente 76 días en Uruguay durante el año 2014 , y confirmó la legalidad del acto administrativo impugnado.