SAT (MÉXICO) v. CONTECON MANZANILLO S.A

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El presente asunto corresponde al amparo en revisión 782/2016 promovido por Contecon Manzanillo, S.A. de C.V., en contra de diversas disposiciones fiscales, principalmente el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece la obligación de presentar declaraciones informativas respecto de operaciones con partes relacionadas. El juicio fue conocido inicialmente por un Juez de Distrito en materia administrativa, quien resolvió sobreseer parcialmente y negar el amparo en lo relativo al citado artículo. Posteriormente, el asunto fue elevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver cuestiones de constitucionalidad. La cuestión jurídica principal radica en determinar si la obligación de presentar declaraciones informativas, incluyendo reportes país por país, vulnera derechos constitucionales como legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y protección de datos personales. La administración tributaria sostuvo que la obligación constituye una medida de carácter formal, orientada a obtener información relevante sobre grupos multinacionales, con el objetivo de detectar riesgos fiscales y evitar la erosión de la base gravable. Asimismo, argumentó que no implica un acto de fiscalización ni una afectación directa al pago del tributo. Por su parte, el contribuyente alegó que la norma es desproporcional, exige información que no está en su poder, carece de límites claros y permite a la autoridad solicitar información excesiva, incluso de terceros no sujetos a su control. El órgano jurisdiccional determinó que la obligación es constitucional, al considerar que se trata de una carga formal que no incide directamente en el pago del impuesto, sino que permite a la autoridad obtener información para fines de control fiscal. Asimismo, sostuvo que la medida es razonable y proporcional, ya que busca evitar prácticas de elusión fiscal en grupos multinacionales. También concluyó que la información solicitada está protegida por el secreto fiscal, por lo que no vulnera derechos de privacidad. En consecuencia, se confirmó la negativa del amparo respecto del artículo 76-A de la LISR, estableciendo que la obligación de presentar declaraciones informativas es válida constitucionalmente. En materia de precios de transferencia, el impacto se limita al fortalecimiento de mecanismos de información y control, sin que se analicen metodologías específicas.